El hijo de Juana recibe terapia como víctima de maltrato

La Junta de Andalucía le ha incluido en un programa. Un fallo técnico dilata la resolución que evitaría la entrega de los niños.

«Juana es una mujer que ha sufrido maltrato y no entrega a sus hijo por el bien supremo de los menores y por no ponerlos en manos de un maltratador», sentenció ayer María Eugenia Fernández, técnica del Centro de Atención a la Mujer de Maracena (Granada) –al que acudió Juana desde que se trasladó a España–. Insistió ayer en esta circunstancia, lo mismo que la asesora jurídica del centro y directora del área de Igualdad, Francisca Granados, para disipar las dudas que puede haber generado su caso en la opinión pública, según dijeron. Lo hicieron con sentencias y denuncias en la mano que aluden al maltrato. Para más detalle, el hijo mayor de Juana, de 11 años, «ha estado incluido, hasta el pasado mes de junio, en un programa de atención a hijos de maltratadas de la Junta de Andalucía, que desarrolla en colaboración con los ayuntamientos y ha recibido terapia», confirmó Fernández, una de las técnicas del centro. Y es que la reforma de la Ley del Menor que se hizo en 2015 reconoce como víctimas directas a los hijos de mujeres afectadas por violencia de género.

Mientras, Juana sigue en paradero desconocido y «no se va a separar jamás de sus hijos», dijo con contundencia ayer la asesora del centro de Maracena. Pero ya se ha activado el protocolo para su detención con objeto de «poder citarla en forma y posteriormente oírla con las oportunas garantías legales sobre los hechos imputados», según recogía el auto del juez. El auto se hacía público a la par que la Audiencia de Granada votaba y emitía su fallo sobre el incidente excepcional de nulidad planteado por Juana que, en el mejor de los casos, podría suspender la obligación de entregar a sus hijos. El fallo estaba previsto que se comunicara a las partes ayer mismo pero «problemas técnicos» evitaron que fuera posible conocer la decisión de la Audiencia de Granada, según explicó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En el peor de los casos, se abriría un nuevo cauce legal para Juana: las puertas del Tribunal Constitucional, que hace unos días rechazó su recurso porque no había agotado la vía judicial.

Ayer, Adolfo Alonso, el abogado del ex marido de Juana, Francesco Arcuri, condenado en 2009 por un delito de lesiones en el ámbito familiar, aseguró que los medios de comunicación en este caso «se han puesto a favor de la madre», algo que «ha dificultado su labor desde el minuto uno, porque no se nos ha escuchado».

Puntualizó que, en esta ocasión, «no hablamos de un tema de violencia de género, sino de un secuestro de dos niños, después de que la madre haya decidido unilateralmente desobedecer las resoluciones judiciales, algo a lo que no se le da importancia». Para Alonso, «se está creando una heroína», si bien ha matizado que él es abogado y «sólo valora el derecho y el derecho no se está cumpliendo», informa Ep.

El abogado volvió a reiterar la oferta, rechazada por la madre de Maracena, de tener la custodia compartida de los hijos y la posibilidad de que Juana disponga de alojamiento en Italia.

Coste emocional

Mientras, no todos los expertos creen que la maraña judicial en la que se ve envuelta Juana vaya a acabar bien para la mujer granadina. El psicólogo y ex defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Javier Urra, manifestó ayer en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo durante la celebración de un encuentro que «Juana Rivas está muy mal asesorada, ya que si hay algo que se sanciona es el cumplimiento de las medidas judiciales. Si no deja que el juez determine si tiene o no el derecho a la custodia de los niños su derecho decae», advirtió. Del mismo modo se mostró convencido de que la Junta de Andalucía sabe exactamente donde se encuentra Juana.

Por su parte, la psicóloga forense y experta en victimología, Paz Ruiz Tejedor, aludió a que «debemos ser respetuosos a la hora de pronunciarnos sobre situaciones que trascienden a los medios de comunicación porque, en muchas ocasiones, lo que se traslada al exterior no corresponde con la realidad». Al mismo tiempo se refirió a las consecuencias psicológicas que los hijos pueden sufrir. «En muchas ocasiones los niños están en un conflicto de lealtades, lo que supone un enorme coste emocional».