Carmen Palomino: La nueva Juana Rivas

Desaparecida junto a sus dos hijas, esta vecina de Archidona (Málaga) debería haberlas entregado a su ex marido, al que denunció por malos tratos

Justo cuando el caso protagonizado este verano por Juana Rivas emprende su recta final, la Justicia española tiene que hacer frente a otra posible situación de sustracción de menores. Los elementos son prácticamente calcados respecto al del caso de la granadina: una orden de entrega de los niños –en este caso dos hijas– incumplida, una madre y dos pequeños fugados y en paradero desconocido, un padre y ex marido de nacionalidad extranjera que los reclama y, de fondo, la sombra de unos posibles malos tratos. El Juzgado de Instrucción de la localidad malagueña de Archidona ha acordado una orden de Detención y Presentación en el Juzgado de Carmen Palomino Astorga, una mujer de 41 años vecina de este municipio, a la que se investiga por un presunto delito de sustracción de menores, pese a que en el pasado mes de mayo había presentado una denuncia por un presunto delito de malos tratos contra su ex marido en un proceso que todavía no se ha dilucidado.

La mujer, que se encuentra ilocalizable desde el mes de julio, no entregó a sus dos hijas de 7 y 5 años de edad en el punto de encuentro familiar designado por los juzgados. Era entonces cuando debían haber sido entregados a su ex cónyuge, de nacionalidad griega, que presentó una denuncia ante dicho órgano judicial, según confirmaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La orden requisitoria para la localización de la mujer huida llegó a las Fuerzas de Seguridad el pasado 14 de agosto, si bien su paradero se desconoce desde varias semanas antes.

Por su parte, la mujer había elevado una denuncia por supuestos malos tratos el pasado 30 de mayo, a partir de la cual la juez le tomó testimonio tanto a ella como a su ex pareja y, así como a varios testigos. Tras esas declaraciones y, a petición del Ministerio Fiscal, la magistrada acordó una orden de protección para ella. No consta que Palomino fuera usuaria de los servicios del Centro de Información a la Mujer de la localidad malagueña, un servicio al que –como ocurrió en el caso de Juana– suelen acudir aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia machista.

Del mismo modo, tampoco se dirigió al Ayuntamiento de Archidona para recabar ayuda, tal y como reconoció a Ep la alcaldesa del municipio, Mercedes Montero. Algo de lo que deberían haber tenido constancia, pues «llevamos un control: tenemos que hacer una estadística y dar cuenta final al Instituto Andaluz de la Mujer», afirmó Montero. La alcaldesa aseguró no tener novedades acerca de este caso, «muy sensible», aunque está a la espera de recibir algún tipo de información por parte del juzgado o de la Guardia Civil.

El pasado día 10 de julio, y también a petición de Fiscalía, la juez solicitó a través de un oficio a la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género un informe psicológico, para analizar la veracidad de su declaración judicial. Finalmente el 31 de julio, escuchó la declaración de otro testigo en estos hechos denunciados en una causa que, a día de hoy, continua abierta.

La mujer, que se separó hace tiempo de su pareja, lleva no obstante meses sin ser vista en esa localidad de la comarca de Antequera, de unos nueve mil habitantes, si bien pasaba al parecer largas temporadas fuera por motivos laborales.

LA RAZÓN se puso en contacto con familiares de Palomino, vecinos también de Archidona, aunque declinaron hacer declaraciones sobre el caso. Sólo reconocieron que «estamos viviendo una situación muy desagradable». Por su parte, el delgado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, señaló que los cuerpos policiales están desarrollando todas las «actividades lógicas», atendiendo a la petición del juzgado, para dar con ella.

En lo que respecta al caso de Juana Rivas, el juzgado de instrucción 2 de Granada la ha citado a declarar el próximo martes para escuchar su versión sobre los delitos a los que se enfrenta: sustracción de menores y desobediencia a la justicia. Mientras, su ex pareja, el italiano Francesco Arcuri, la ha vuelto a ofrecer la custodia compartida de sus dos hijos, con los que ahora mismo vive en Italia, una vez que su ex pareja «resuelva» sus problemas con los tribunales. Así lo indicó en un comunicado el despacho Sariego Abogados, que se ha hecho cargo de la representación legal de Arcuri en España desde que le fueron restituidos los menores. Precisamente, sus abogados, en referencia a la denuncia interpuesta por Rivas por violencia de género en 2016, han acusado a la representación legal de la madre de «reabrir, una y otra vez, un proceso por supuestos malos tratos sobre el cual los tribunales españoles son manifiestamente incompetentes».