La pobreza se hereda: ocho de cada diez niños pobres serán adultos pobres

Factores como el nivel de estudios, la situación laboral, la ocupación y la renta son los principales responsables de que en nuestro país la pobreza se herede de padres a hijos. Esta es una de las constataciones recogidas en un nuevo estudio de la Fundación FOESSA que sale a la luz bajo el título “La transmisión intergeneracional de la pobreza: factores, procesos y propuestas para la intervención” y que se ha presentado hoy en Madrid en la sede de Cáritas Española.

En el acto de presentación han intervenido Sebastián Mora Rosado, secretario general de Cáritas Española y director ejecutivo de FOESSA, y Raúl Flores Martos, que ha coordinado el trabajo de investigación en el que también han participado Mónica Gómez Morán y Víctor Renes Ayala.

La existencia de lo que se conoce como transmisión intergeneracional de la pobreza (TIP) se refiere a las dificultades que tiene una generación que ha vivido sus primeros años en un hogar en situación de pobreza para generar un cambio ascendente en el estatus socioeconómico con relación a la generación anterior. En España y a la vista de los datos manejados en la investigación de FOESSA, hay una estructura social que permite que las realidades de pobreza sean algo que se pueden heredar y que, de hecho, se heredan.

“Los estudios analizados -ha señalado Raúl Flores- nos muestran una fuerte asociación entre las condiciones de vida de padres e hijos. No es extraño, por eso, que en los centros de servicios sociales y en los espacios de las entidades y ONG que actúan en el terreno de la acción social se estén atendiendo a los nietos de aquellos que acompañaron hace 30 años”. Y ha añadido: “Aunque se puede considerar como un axioma de nuestro modelo social el concepto de la ´igualdad de oportunidades´ para todos, los estudios analizados indican una fuerte asociación entre las condiciones de vida de padres e hijos, con lo cual la igualdad de oportunidades queda más como una aspiración que como una realidad”.

En el estudio se identifican varios factores de carácter estructural que intervienen y actúan en dicha transmisión de la pobreza, como son el nivel de estudios, la situación laboral, la ocupación y la renta.

El estudio indica que a pesar de que en nuestro país se ha producido una movilidad educativa ascendente generalizada como fruto de la universalización de la educación, 8 de cada 10 personas cuyos padres no alcanzaron la primaria no han conseguido completar los estudios secundarios.

La situación laboral y la ocupación de los progenitores son factores que, además de estar relacionados con el nivel educativo que permite desempeñar unas u otras tareas, también están estrechamente ligados a la existencia o no de una fuente de ingresos y a la cuantía de la misma. Ese estatus laboral representa un claro factor de transmisión intergeneracional entre padres e hijos.

Asimismo, se ha constatado una alta correlación entre las dificultades económicas en los hogares de origen y el nivel de formación alcanzado por éstos. A medida que los problemas financieros decrecen, aumenta la proporción de adultos con niveles educativos altos. De hecho, los problemas económicos suponen un freno a la adquisición de niveles educativos más altos: 4 de cada 10 adultos (41%) que vivió su adolescencia con problemas económicos muy frecuentes, no consiguió alcanzar la educación secundaria. Esta situación sólo afecta al 8% de los que nunca tuvieron dificultades económicas.

Otro dato elocuente es que 8 de cada 10 personas que vivieron graves dificultades económicas en su infancia y adolescencia, las están reviviendo en la actualidad como adultos. Concretamente, el 81% de las personas que tuvieron dificultades, las volvían a tener en ese momento, frente al 45% de los que no las tuvieron.

La tendencia a heredar la situación económica se hace más intensa en los momentos de mayor inestabilidad económica. El estudio permite comprobar como la pobreza presente genera pobreza futura.

La investigación presta una especial atención a la transmisión de la pobreza en el núcleo familiar y a la importancia de los menores en la intensidad de la misma en el seno de los hogares. Tanto Sebastián Mora como Raúl Flores han puesto el énfasis a la hora de señalar que “cuando hablamos de pobreza infantil nosotros nos referimos a la pobreza de las familias con hijos”. En ese sentido, el estudio subraya que, hoy en día, el mayor riesgo de pobreza y de exclusión social se da entre las familias con hijos a cargo. El riesgo de las familias con menores es notablemente mayor al de cualquier otra configuración familiar.

De manera concreta, la tasa de pobreza en los hogares sin menores es del 16%, mientras que asciende al 28% en los hogares en los que hay menores, al 42% en el caso de familias monoparentales con hijos y al 44% cuando las familias tienen tres o más menores.

Como explica Flores, “este fenómeno social, es a día de hoy, una de las cosas que más distingue la realidad social española de los países de nuestro entorno. La brecha en la tasa de pobreza entre los hogares sin menores y con menores es en España tres veces superior a la UE27”. Y aunque la pobreza y la exclusión de las familias con menores son previas a la crisis económica, estas se han hecho más extensas y más intensas en los últimos años.

Los autores analizan también el modelo de protección social para encontrar las causas de la persistencia de la TIP. Una de ellas obedece a que el modelo español está centrado en el amparo del sector productivo de la población a través de la protección del desempleo y de las pensiones de jubilación. Si bien antes los grupos con mayor riesgo de pobreza eran los mayores, ahora esto ha cambiado pasando a concentrarse el riesgo en las familias con menores. Ello responde al hecho de que la inversión en tercera edad no está cuestionada mientras que la inversión en infancia se observa como una responsabilidad de los progenitores.

En el estudio se afirma que la protección social de la infancia en España, en lugar de ir dirigida a todos los menores, sólo se destina, en la mayoría de las ocasiones, a quienes se encuentran en situación de desamparo o riesgo, lo que conlleva una segmentación de las políticas que reproducen las viejas pautas de segregación entre las poblaciones infantiles normales y las marginales, que se ven estigmatizadas.

Comparado con la media de la UE, España invierte muy poco en familia e infancia. La parte del PIB que España destina a la infancia y la familia es el 1,3%, frente al 2,2% de media de la UE27. El gasto en infancia y familia representa el 5,3% del total de gasto en protección social, mientras que en la UE27 el gasto en infancia y familia supone el 7,5%.

El informe constata también como el sistema español de impuestos y prestaciones ha sido y es uno de los menos efectivos en la redistribución de las rentas familiares de toda la UE, entre otros motivos por la práctica inexistencia de prestaciones de carácter familiar.

En la última parte de la investigación los autores desarrollan un repertorio de propuestas que sirvan para diseñar una política pública dirigida a luchar de manera específica contra la TIP y que aborde de manera integral todos los factores potencialmente transmisores de la pobreza y la exclusión social.

En este sentido, como elementos prioritarios para afrontar la TIP y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, proponen:

1. La inversión en la educación debería de ser una prioridad de los Estados de bienestar, de forma que el producto educativo que recibe la infancia no dependa de la capacidad para invertir en la enseñanza de sus padres.

2. Impulsar una contribución clara y decidida en la red de servicios sociales comunitarios por la “atención psicoeducativa”: apoyo psicológico y social a las familias, apoyo psicopedagógico a los menores con deficiencias, y apoyo a las actividades en tiempo libre.

3. Garantizar un sistema de salud pública universal con acceso gratuito para todas las personas que residen en el territorio, independientemente de su situación administrativa y contributiva.

4. Promover la inversión en políticas sociales y políticas redistributivas que consigan de manera eficaz la reducción de las desigualdades.

5. Desarrollar una política de vivienda y urbanismo que se convierta en herramienta contra la reproducción y transmisión de las situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión.

6. Tomando como referencia otros modelos europeos, es necesaria una política basada en un sistema de prestaciones universales destinadas a la familia y a la infancia, que ponga freno a la reproducción de la discriminación social y que aporten un elemento de estabilidad y continuidad.

7. Dado que la situación laboral de los progenitores tiene una influencia directa en la TIP, la política pública debe contener un proceso de inclusión social a través de la activación de los progenitores, que contemple, entre otros temas, un apoyo efectivo para la conciliación de la vida laboral y familiar de los padres.

8. El apoyo directo a las familias en su labor parental, mediante la provisión de servicios de orientación a los padres, debería servir para la creación de un entorno más firme para el desarrollo de los niños y niñas.

9. Promover una acción coordinada de cada uno de los servicios y prestaciones proporcionadas por los distintos organismos públicos a las familias, que asegure la calidad de la intervención y también su eficiencia, sin duplicar esfuerzos y acciones.

Citando a Zygmunt Bauman, Raúl Flores ha recordado que “se mide la capacidad de un puente para soportar el peso, por la fuerza de su pilar más débil. La calidad humana de una sociedad debería medirse por la calidad de vida de sus miembros más débiles”. “Si utilizamos este criterio, podemos concluir que la calidad humana de nuestra sociedad es claramente deficitaria, debido a que nuestra sociedad no está garantizando una vida digna a algunos de sus miembros más débiles”, ha concluido.

Sebastián Mora comenzó su intervención haciendo “una denuncia clara, rotunda y consistente sobre la situación que están viviendo miles de hermanos y hermanas nuestras en diversas fronteras del mundo y, especialmente, en las europeas”. “Europa, y España como miembro de la Unión -afirmó- están fracasando rotundamente en la gestión de esta crisis humanitaria. La Unión se está retratando como un espacio vacío de densidad ética y altura política. Más que una crisis de refugiados estamos visualizando una profunda crisis de solidaridad que ha perdido su papel rector en la vida pública”.

Con relación al contenido de la investigación, el secretario general de Cáritas indicó que “no es un informe determinista, ni pesimista, sino que aporta una visión que nos permite reaccionar con propuestas para revertir la dinámica de la reproducción intergeneracional de la pobreza por reproducción profunda de la solidaridad”.

Reconoció, asimismo, que esta nueva publicación de FOESSA “rompe el mito formal de la igualdad de oportunidades, pero también nos impulsa a que construyamos ´oportunidades para la igualdad´, porque son posibles, son necesarias y la realidad del sufrimiento inocente la reclaman”.

Sebastián Mora concluyó su intervención evocando unas palabras del papa Francisco en su viaje a Ecuador de julio pasado a propósito del papel de la familia, que definió como “la primera escuela de los niños, el grupo de referencia imprescindible para los jóvenes, el mejor asilo para los ancianos. La familia constituye la gran riqueza social, que otras instituciones no pueden sustituir, que debe ser ayudada y potenciada, para no perder nunca el justo sentido de los servicios que la sociedad presta a sus ciudadanos. Estos servicios que la sociedad presta a los ciudadanos no son una forma de limosna, sino una verdadera deuda social respecto a la institución familiar, que es la base y la que tanto aporta al bien común de todos.