«Me ofrecieron comprar a mi hija Olivia»

La ex mujer de Alberto Encinas secuestró hace cuatro años a su pequeña. Hoy recurren a tres ministerios en busca de justicia

Más de 200 folios de documentos certifican la situación «surrealista» e increíble en la que viven Alberto Encinas y su familia desde hace cuatro años cuando su ex mujer, de origen polaco, se llevó a su hija de vacaciones a su país y nunca volvió. La Justicia española les había otorgado un régimen de custodia compartida y, como constatan en los documentos, los billetes de ida y vuelta firmados por los dos progenitores demostraban que el 31 de diciembre de 2011, Olivia debía estar de nuevo en Pollença (Mallorca) junto a su padre, pero nunca ha vuelto a poner un pie en la localidad donde nació en 2008. El próximo 22 de abril cumplirá ocho años.

Desde aquel mes de diciembre, Alberto no ha dejado de luchar por recuperar a su única hija. Es más, desde su «secuestro» se ha gastado más de 50.000 euros en viajes a Polonia y en procesos judiciales. ¿En qué trabaja para poder compatibilizar sus estancias allí con todos estos gastos? Alberto duda y responde tajante: «Mi trabajo ahora es encontrar a mi hija». Y es que a pesar de que su ex mujer está imputada por un delito de sustracción de menores y de la existencia de una orden europea de detención, entrega y prisión preventiva «nadie sabe dónde está», dice con pesar Alberto. Pero tanto él como la abogada de SOS Desaparecidos que le está ayudando, María Teresa Rojas, tienen claro que existe «una pasividad institucional» porque «sé que si se quisiera, en 24 horas se podría encontrar a mi hija». Es por eso que hoy van a presentar en el Ministerio de Justicia, en el de Asuntos Exteriores, en el de Interior y en la Fiscalía General de la Audiencia Nacional el dossier que han elaborado para que las autoridades españolas terminen con esta situación y Alberto pueda abrazar a su hija Olivia. La última vez que estuvo con ella, en presencia de un policía polaco, «se me agarró del cuello y no quería soltarme. Me obligaban a irme y tuve que retirarle sus brazos de mi cuello. Temo que ella piense que no quería estar a su lado», dice con lágrimas en los ojos.

En abril de 2012 la Justicia le dio la razón Alberto y le otorgó la guarda y custodia de Olivia, además de atribuirle la facultad de decidir sobre la escolarización de su hija y prohibió la salida del territorio nacional de la pequeña. Ninguna de las decisiones del magistrado se ha cumplido. La niña lleva cuatro años residiendo en Polonia, con la familia materna, y la han escolarizado en un colegio de la localidad. «No le han pedido ni la patria potestad en el colegio. Es más, la dirección de su casa con la que matricularon a la niña se la inventaron», cuenta Elena, tía de la menor, que también ha viajado a Polonia para intentar dar con su sobrina. Y es que Alberto está desesperado: «He confiado en la Justicia, en el famoso Convenio de la Haya y me siento estafado. Si lo hubiera sabido y no hubiera confiado ciegamente en la Justicia me habría llevado a mi hija en uno de los encuentros que hemos tenido». Y es que dos años después de que se llevaran a Olivia a Polonia, viajaron al país para intentar mediar con su madre y con la familia de ésta. «Nos ofrecieron comprárnosla. Nos dijeron que pusiéramos nosotros una cifra y ellos lo pagarían». Alberto aún recuerda cómo su madre, indignada, se puso a gritar al traductor. «¿Tienes hijos? ¿Qué precio les pondrías?», le espetó.

En enero, gracias a la ayuda de un juez polaco, Alberto supo que su hija estaba escolarizada en un colegio a 50 metros de una comisaría de Policía. «Podían haberla detenido y no hicieron nada a pesar de la orden emitida por la Interpol». Alberto tiene claro que «los agentes polacos no quieren colaborar y protegen» a su ex mujer, aunque no sabe por qué. Por eso cree que la presión del Gobierno español es clave.