Un informe de «impacto familiar» para las leyes aprobadas por el Gobierno

El Congreso aprueba la adopción de la «perspectiva familiar» en todas las políticas públicas

Del mismo modo que las políticas públicas han de tener un informe de impacto ambiental, el Gobierno podría adoptar próximamente la decisión de elaborar un informe que evalúe el impacto que puedan tener sobre la institución familiar los proyectos legislativos que apruebe en el futuro. El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado esta semana una proposición no de ley del PP que insta al Gobierno a introducir una perspectiva familiar en todas las políticas públicas. Entre otros aspectos, deberá tenerse en cuenta cómo repercute económicamente en las familias la aprobación de estas leyes.

La iniciativa fue aprobada por 176 votos a favor por parte del PP y UPN, un voto en contra y 135 abstenciones. Antonio Román, diputado del PP, señaló que la protección de la familia es un «eje fundamental» de la acción del Gobierno por su papel en la construcción del presente y del futuro del país, informa Efe. Así, el parlamentario destacó que la familia debe contar con el apoyo y protección de los poderes públicos al constituir un «verdadero núcleo de solidaridad en circunstancias difíciles».

La votación se produjo poco después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reuniera con el observatorio de la familia Family Watch, con el objetivo de analizar la política familiar que está emprendiendo el Gobierno e impulsar esta proposición no de ley. María José Olesti, directora de Family Watch, realizó una «valoración muy positiva» de la reunión con el presidente del Gobierno. «Apoyamos las palabras del presidente: la familia genera riqueza y, por tanto, es el presente y futuro de España. Para que algo se haga sostenible será importante crear políticas que las puedan sostener y valoramos positivamente esta reunión», añadió Olesti.

Desde Family Watch recuerdan que estas medidas repercuten positivamente en la natalidad, como ha ocurrido en Francia, donde la tasa del reemplazo generacional es del 2,1. Ahora, explican, tras el visto bueno de la Cámara Baja, el Gobierno debe decidir si saca adelante la medida.