Un gobierno feliz que se audita a sí mismo

Tanto el Gobierno central como la Generalitat de Cataluña han lanzado las campanas al vuelo ante el supuesto éxito de su política intervencionista del mercado del alquiler. Según las estadísticas oficiales, el precio medio de los alquileres en las llamadas zonas tensionadas –271 municipios catalanes en los que habita el 90 por ciento de la población– se ha reducido un 3,7 por ciento, llegando, incluso, a un 6 por ciento en la provincia de Barcelona.

Nada nos satisfaría más que dar por buenas las cifras de unos gobiernos que se auditan a sí mismos, pero la realidad es que alquilar un piso en las zonas más demandadas de Cataluña se ha convertido en una odisea, hasta el punto de que el número de habitaciones puestas en el mercado supera ampliamente al de viviendas completas. Por supuesto, no dudamos de la autenticidad de los datos que facilita la oficina de suelo de la Generalitat, pero sí queremos señalar que, según la inmensa mayoría de los expertos independientes en el mercado inmobiliario, éstas pueden partir de una metodología inadecuada, puesto que analizan las fianzas depositadas y no los contratos finales de arrendamiento.

En cualquier caso, el optimismo se compadece poco con otras cifras también oficiales; por ejemplo, que entre abril y diciembre de 2024, el número de contratos de alquiler residencial en el Principado cayó un 20 por ciento, mientras subía hasta un 45 por ciento el número de viviendas ofertadas como alquiler de temporada o vacacional, los consabidos «pisos turísticos».

Sirva como mero aviso a navegantes que no es la primera vez que se ponen en duda las estadísticas gubernamentales, al menos, desde que el Gobierno ha extendido su táctica de colocar personas afines en los organismos oficiales, hasta el punto de que se han publicado informes «paralelos» hechos por los mismos órganos de fiscalización, como la AIReF, por no hablar del continuo escándalo de la «cocina» del CIS.

En cualquier caso, la realidad que viven quienes quieren alquilar una vivienda en Cataluña y en buena parte de las ciudades grandes y medianas del resto de España no cambia por más que el Gobierno publique estadísticas felices. El drama afecta con singular intensidad a los trabajadores con salarios más bajos, muchos de ellos inmigrantes, y no será transfiriendo la responsabilidad constitucional a los propietarios de viviendas en alquiler o a los fondos de inversión inmobiliaria como va a solucionar el Gobierno la contracción de unos mercados sometidos a la intervención oficial. Hay múltiples ejemplos, en la reciente historia de España sin ir más lejos, de cómo la intervención de los poderes públicos en la libertad de los mercados provoca el efecto contrario al que se buscaba. Los precios del alquiler empezarán a bajar cuando la oferta, oficial o privada, cubra holgadamente la creciente demanda.